¿Cuándo se pide ejecución de sentencia?

La ejecución de sentencia es una de las funciones que los órganos jurisdiccionales desarrollan en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y se lleva a cabo cuando la obligación impuesta en la sentencia no se cumple voluntariamente por el que haya sido condenado.

¿Quién puede pedir la ejecución de la sentencia?

Podrá reclamar la ejecución de la sentencia el que haya vencido en el juicio en el que se ha condenado al acusado. Si este ha fallecido lo puede pedir su sucesor, si acredita su condición de heredero.

¿Quién pide la ejecución de una sentencia?

La ejecución de sentencia es una función jurisdiccional que corresponde a los Tribunales y Juzgados determinados para cada caso. En el ámbito de lo civil, se aplica cuando no hay cumplimiento voluntario con la obligación impuesta. Por ello, es necesaria la presentación de una demanda.

¿Cuándo entran en vigor las normas jurídicas?

En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico, las normas jurídicas entrarán en vigor, si no dispusieren otra cosa, tras el período de «vacatio legis» (sistema diferido) de veinte días desde su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma, entrando en vigor en todo el territorio afectado (sistema simultáneo).

¿Cuándo entran en vigor las medidas dictadas por la nueva sentencia de separación?

Las medidas dictadas por la nueva sentencia de modificación de medidas, que modifica la sentencia de separación entran en vigor desde el momento que se dicta la nueva sentencia y no desde el momento en que se interpone la demanda, salvo para un caso excepcional, que veremos abajo. Así el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de junio 2018.

¿Cuándo entran en vigor las leyes?

A propósito de la primera, se establece en el artículo 2.1 del Código Civil que las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.

¿Cuál es el procedimiento para la trasmisión de sentencias de sanciones pecuniarias?

La trasmisión por las autoridades españolas de sentencias que impongan sanciones pecuniarias a personas físicas o jurídicas a otro Estado miembro de la UE deberá seguir el procedimiento regulado en los capítulos I y II del Título IX de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.